El caso Lázaro Báez es un proceso judicial que tiene ocho meses de vida: se inició el 17 de abril, por la denuncia de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento, donde está involucrado el empresario.
Se originó en una investigación del periodista Jorge Lanata, la cual incluyó el testimonio audiovisual de Federico Elaskar y Leonardo Fariña (este último, mediante una supuesta cámara oculta), admitiendo ambos su participación y el rol de Báez como “testaferro” del ex presidente, Néstor Kirchner.
Elaskar y Fariña reconocieron que intervinieron en maniobras financieras realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros (alrededor de $ 490 millones, según la cotización de ayer), en un lapso de seis meses, y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Báez, en especial del sector de la construcción. Días después de que se hicieran públicos sus dichos, tanto Elaskar como Fariña desmintieron todo lo que dijeron.
El 17 de abril pasado, por orden del juez Sebastián Casanello se allanaron los domicilios particulares de Elaskar y de Fariña, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó varios allanamientos en la empresa y financiera SGI en el edificio Madero Center.
Además de Lázaro Báez, están imputados sus hijos Martín Báez y Leandro Báez, y su contador Daniel Pérez Gadín, Elaskar, Fariña, Miriam Quiroga (ex secretaria privada de Kirchner) y Fabián Rossi, entre otros.
El 6 de junio pasado, dos meses después del comienzo de la investigación, por orden del juez Casanello también se allanó un galpón ubicado en la Estancia Alquinta, así como una chacra y numerosas cajas fuertes pertenecientes a Lázaro Báez.